El Ministerio de Salud de la Nación fue allanado este martes por orden del juez federal Ernesto Kreplak en el marco de la investigación por el fentanilo adulterado que ya provocó al menos 114 muertes. En el mismo expediente también fueron detenidas dos exfuncionarias vinculadas con organismos de control sanitario.

El procedimiento se llevó a cabo en la cartera que conduce Mario Lugones. Según fuentes vinculadas a la causa, la Justicia buscó documentación y registros de ingreso y egreso de personas, además de secuestrar teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos pertenecientes a altos funcionarios.

En paralelo, fueron detenidas Nélida Agustina Bisio, de la Anmat, y Gabriela Mantecón Fumado, exdirectora del Iname, en el expediente que investiga la muerte de más de 100 personas y las lesiones graves sufridas por al menos 50 pacientes, consignó el diario "Ámbito". 

La causa se inició en 2024, cuando se detectó un lote de fentanilo para uso médico adulterado. Desde entonces, familiares de las víctimas y sectores de la oposición cuestionaron el presunto vaciamiento de los organismos de control, al considerar que esa situación permitió que el medicamento se distribuyera sin los controles habituales.

Otra de las líneas de investigación involucra a Ariel García Furfaro, procesado como propietario de HLB Pharma Group, Laboratorios Ramallo y Droguería Al Farma, empresas señaladas como responsables de la fabricación del lote adulterado.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata atribuyó a García Furfaro el carácter de "coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales", un hecho que, según la resolución judicial, derivó en la muerte de al menos 70 personas, además de lesiones gravísimas, graves y leves en otros pacientes.

La Justicia mantuvo la inhibición general de bienes y el embargo sobre el empresario, además de ratificar su procesamiento con prisión preventiva. La misma medida alcanza a Diego Hernán García, hermano del empresario, mientras que Nilda Furfaro continuará detenida con arresto domiciliario. 

También permanecen procesados José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio, Javier Tchukran, Adriana Iúdica, Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Sclafani, María Victoria García y Wilson Daniel Pons.

La investigación determinó que las 154.530 ampollas correspondientes al lote 31202 fueron distribuidas en 51 establecimientos públicos y privados de salud de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Formosa, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Justicia logró recuperar 64.003 ampollas y estableció que alrededor de 40.473 fueron efectivamente administradas. Respecto del lote 31244, integrado por 151.430 ampollas, se recuperaron 121.233 y se concluyó que no fueron suministradas a pacientes.

La reconstrucción de los hechos se vio dificultada porque gran parte de los registros hospitalarios se encontraba en formularios físicos e historias clínicas incompletas, fragmentadas y, en su mayoría, sin digitalizar. Esa situación obligó a la Justicia a adoptar medidas coercitivas para obtener información y avanzar en la investigación.

En un comunicado, familiares de las víctimas cuestionaron las debilidades del sistema sanitario, al señalar la existencia de controles insuficientes, autoridades que aportaron información escasa, hospitales que demoraron la entrega de documentación clave y dificultades para responder de manera coordinada ante una emergencia epidemiológica de alcance nacional.

Asimismo, destacaron el trabajo del juez Ernesto Kreplak, a quien atribuyeron la reconstrucción de la cantidad y el destino de las ampollas adulteradas, la identificación del número de víctimas y la determinación de las causas de la adulteración del medicamento.